Últimamente hemos escuchado mucho acerca de la posible responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a raíz de asuntos de actualidad, como la caída de los árboles en Madrid con fatídicas consecuencias o la muerte de Excalibur, el perro de Teresa Romero.

¿Nos  encontramos ante casos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública?

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene su origen en el Artículo 106.2 de la Constitución Española ( CE ) al establecer:

‹‹Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos››

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se encarga de desarrollar en su Título X, los principios de responsabilidad, siendo así que establece:

Art 139.1 ‹‹Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Publicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos››

Art 139.2 ‹‹…El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado…››

Art 141.1 ‹‹Solo será indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar…››

A estos requisitos señalados expresamente por la Ley, debemos de añadir  como asi lo hace reiterada jurisprudencia(1)  el nexo causal, entre la lesión y el daño, el cual puede ser destruido por la actuación de un tercero o de la propia víctima.

Es por tanto, necesario para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública que se demuestre la efectiva concurrencia de estos cuatro requisitos.

En resumen:

  • Se exige que se haya generado un daño real, efectivo y evaluable económicamente, se ha de solicitar una cantidad determinada o determinable, de ser indeterminable podrá ser determinada por tratarse de “sueños de ganancia”
  • Ha de existir una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto entre el funcionamiento normal o anormal de la Administración y el daño, sin ninguna intervención extraña que pudiera influir en el resultado, por tanto quedan fuera de las causas de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública aquellas ocasionadas por fuerza mayor, actuación de un tercero o conducta propia del perjudicado
  • La lesión ha de ser antijurídica en el sentido objetivo, es decir, el ciudadano ha de carecer del deber de soportar el daño producido, sin necesidad de mediar culpa o negligencia en la actuación de la Administración, ‹‹no siendo indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producirse el daño.››(Art 141.1)

Una vez conocidos los requisitos para entender que existe Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, que opináis de los casos señalados, ¿se dan los mismos para las víctimas de las ramas del retiro y los dueños de Excalibur?

(1)  STS de 24 de Marzo de 1992, STS de 5 de octubre de 1993, STS de 22 de Marzo de 1995