El artículo 24 de la Constitución Española consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, entre los principios protegidos por este derecho fundamental, se encuentra el derecho a la ejecución de las acciones necesarias para la satisfacción de los derechos e intereses legítimos de las personas.

El cauce más conocido es a través del procedimiento judicial, mediante el cual, se reclama ante el órgano jurisdiccional competente el reconocimiento y posterior cumplimiento de un derecho o interés legítimo.

Como contraparte, el citado artículo 24 recoge dentro del principio a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, por ello, antes de ejecutar el derecho reclamado, habrá un proceso para dirimir la efectiva convivencia de lo reclamado, con intervención de ambas partes mediante un procedimiento declarativo, esto naturalmente dilata la ejecución.

Por ello, además de los procedimientos judiciales de ejecución forzosa, nuestro ordenamiento conoce varios supuestos de ejecución forzosa de carácter extrajudicial, estando algunos de ellos encomendados precisamente a los notarios.

Históricamente, el propio deudor otorgante de la escritura se declaraba en la misma confeso de la existencia de la deuda apoderando a los tribunales de justicia y a las autoridades del Estado a proceder a ejecutar sus bienes en pago de la deuda correspondiente sin necesidad de obtener antes una sentencia judicial declarativa de la deuda.

Actualmente, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil reconoce en su artículo 517 entre los títulos ejecutivos, títulos de carácter extrajudicial, en este artículo nos centraremos en los títulos recogidos en los apartados 4 y 5 ya que son los encomendados a notarios.

 

Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos.

4.º Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia ; o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.

5.º Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos.

 

Hay que señalar, que los supuestos de títulos extrajudiciales recogidos en el 517 además han de cumplir lo señalado en el artículo 520 LEC para su despacho ejecutivo, esto es, que sean cantidades determinadas que excedan de 300 euros.

1.º En dinero efectivo.

2.º En moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de pago en la misma esté autorizada o resulte permitida legalmente.

3.º En cosa o especie computable en dinero.

El límite de 300 euros podrá obtenerse mediante la adición de varios títulos ejecutivos.

La ventaja de estos supuestos de ejecución forzosa de carácter extrajudicial son precisamente la reducción de los plazos para la ejecución, ya que las deudas recogidas en escrituras públicas y en las pólizas de contratos mercantiles merecen una credibilidad prima facie y por ello no requerida de un juicio declarativo.

El procedimiento se reduciría a la presentación del título ante el Juez, el cual requerida el pago al deudor, en caso de incumplir, se procederá de inmediato al embargo de bienes para la satisfacción del crédito concediéndose un plazo al deudor para que se oponga a la ejecución.

El deudor sólo podrá oponerse impugnando la validez y legitimidad del título y por tanto, recaerá en él la carga de la prueba.

De no oponerse o no prosperar su oposición, comienza la fase de apremio, donde ya no se discute sobre la validez de los títulos y por tanto sobre la existencia de la deuda, sino que se limita a las valoración de las posibles incidencias de la ejecución como por ejemplo, la valoración de los bienes embargados para su posterior enajenación en subasta.

Es importante concluir destacando el valor de los títulos ejecutivos extrajudiciales, ya que su agilidad y brevedad de cara a la ejecución facilitan el efectivo cumplimiento de los derechos de los interesados.

Efectivamente, de nada o poco podría servir a un acreedor ver su crédito satisfecho tras un largo proceso judicial que además, pueda haber agravado su situación económica.

Si bien siempre hay que respetar el derecho a la defensa recogido entre los supuestos de la tutela judicial efectiva en el artículo 24 de la CE, los títulos aquí analizados cumplen el precepto constitucional, pues es el propio deudor el que reconoce su crédito en documento ante un fedatario público como es el notario, el cual constatará la veracidad de lo allí recogido así como la identidad de las partes.

Sin olvidar  la posibilidad de oposición mediante la impugnación de la validez y legitimidad del título.